Por el contrato para la construcción de una planta fotovoltaica en Mexicali.
Mexicali, B.C.- El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) de Baja California determinó inhabilitar por tres años al exgobernador Jaime Bonilla Valdez para ejercer cargos públicos, como consecuencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa derivado del contrato para la construcción de una planta fotovoltaica en Mexicali.
La resolución, emitida el 8 de diciembre por la magistrada Leticia Castro Figueroa, sostiene que Bonilla Valdez incurrió en abuso de funciones durante el proceso de contratación con la empresa Next Energy. El contrato, autorizado mediante el Decreto 88, tenía como objetivo el suministro de energía eléctrica generada por una planta solar y representaba un compromiso financiero estimado en alrededor de 40 mil millones de pesos. El proyecto fue posteriormente cancelado por la actual administración estatal.
Durante el procedimiento, identificado como 117/IPRA/2022, el exgobernador admitió haber presentado la iniciativa ante el Congreso del Estado en julio de 2020, cuando ocupaba el cargo. El tribunal consideró que su participación directa en el proceso concluyó en una contratación irregular.
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Gabriela Monge Pérez, confirmó la notificación de la sentencia y mencionó que existen otras resoluciones del TEJA relacionadas con el caso. Asimismo, indicó que el exsecretario de Salud, Alonso Óscar Pérez Rico, fue vinculado a proceso por denuncias en esa dependencia, aunque sin proporcionar detalles adicionales.
La inhabilitación podría impedir que Bonilla Valdez, quien ha transitado del partido Morena al Petista, compita por un cargo de elección popular en 2027, siempre que la resolución se mantenga firme. No obstante, la sanción es recurrible ante instancias superiores. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda reconoció que el exgobernador está en su derecho de interponer los recursos legales que considere pertinentes.
Esta decisión se suma a inhabilitaciones previas dictadas por el mismo tribunal contra otros exfuncionarios de la administración de Bonilla Valdez, relacionados con el mismo caso de la planta fotovoltaica.